La Suprema Corte de Justicia (SCJ) rechazó un recurso de casación presentado por 10 de los implicados en el caso del Plan Renove, quienes fueron sentenciados en primer instancia. Esto significaría que la Procuraduría General de la República tendrá que darle cumplimiento a la sentencia y ordenar el arresto de los imputados por acto de corrupción. La sentencia había sido confirmada por la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
El pleno del tribunal declaró inadmisible el recurso presentado contra , Franco Badía, Favio Ruiz, Milcíades Amaro Guzmán, Antonio Marte Familia, Gervasio de la Rosa, Alfredo Pulinares (Cambita), entre otros.
El alto tribunal tomó como fundamento para rechazar el recurso, que los hechos relatados y el análisis de la decisión impugnada se desprende que los recursos de casación resultan inadmisibles por no estar comprendidos dentro de la causa establecida en el articulo 426 del Código Procesal Penal.
La sentencia confirmada es la dictada el 17 de octubre de 2005 por la Quinta Sala de la Cámara Penal del Distrito Nacional, que en ese entonces presidía la jueza Esther Agelán Casasnovas.
En torno al Caso, el director del Departamento de Prevención a la Corrupción Administrativa (DPCA), Octavio Líster, saludó la decisión de la SCJ y dijo que corresponderá ahora al juez de la ejecución de la pena, llevar a cabo la medida.
Sostuvo que en esos casos, el juez de la ejecución de la pena lo que hace es que llama a los acusados condenados a pena preventiva y le pregunta que en qué recinto carcelario le gustaría estar y, en cuando a los que fueron condenados a prisión domiciliaria, si tienen varios domicilios, establecer en cuál de ellos preferiría estar.
Líster dijo que se sintió sorprendido con el fallo, ya que se enteró por los medios de comunicación, aunque dijo que esa era una decisión que se veía venir.
Advirtió a los que fueron condenados a prisión domiciliaria, que si violan esa disposición después que estén en su domicilio, le solicitará al juez de la ejecución de la pena variar la medida y disponer su envío a un recinto carcelario.
Los acusados fueron sentenciados por alegada estafa por más de mil 800 millones de pesos cometido contra el Estado a través del Plan de Renovación de Vehículos, menor conocido como “Plan Renove”.
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